El fiscal a cargo del caso, José Mana imputó por “abandono de persona” a Sergio Casalino y por “omisión de auxilio” a Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo, por no haber asistido al adolescente herido por policías.
Este viernes, el fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 de Córdoba, José Mana, solicitó la elevación a juicio de los tres empleados del sanatorio Aconcagua que habrían negado ayuda a Valentino Blas Correas (17) cuando estaba agonizando tras ser baleado en un control policial.
A Fernando Gabriel Casalino, que atendió en la vereda a los amigos de Blas que querían ingresarlo a la clínica, el fiscal Mana le adjudica el delito de “abandono de persona”, mientras que a las dependientes que estaban en el interior del sanatorio -Guadalupe María Laura Moya y Paola Andrea Mezzacapo les imputó por “omisión de auxilio”.
El fiscal ya elevó a juicio la causa principal en la que están imputados el sargento 1° Lucas Gómez -señalado como el autor del disparo fatal- y un numeroso grupo de policías que estuvieron en ese retén en el que se baleó al Fiat Argo en el que viajaban los adolescentes, más aquellos uniformados que habrían participado de maniobras de encubrimiento del episodio de presunto gatillo fácil.
Además, hay un tramo del expediente que está radicado en el fuero Anticorrupción, entre quienes están imputados funcionarios policiales que permitieron que Gómez siguiera en funciones, pese a estar imputado de encubrimiento de un violador serial, por lo que recientemente fue condenado.
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