Hasta el día de su fallecimiento, ninguna de las instituciones responsables del cuidado del nene alertó a la policía sobre los golpes y maltratos que recibía en su casa. Ni siquiera luego de asistir cinco veces a la guardia con moretones, en un lapso de solo tres meses.
Magdalena Espósito y Abigail Páez, acusadas del homicidio de Lucio Dupuy.
Crimen de Lucio Dupuy: los estremecedores castigos que practicaban las acusadas
En diálogo con TN , Ramón Dupuy contó la «escalofriante» vida de Lucio, mientras estaba a su cargo Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez . En las pericias del caso, encontraron mensajes telefónicos en donde las acusadas charlaban de los «castigos inhumanos a los que era sometido el niño».
«Penitencias interminables contra una pared, falta de comida, hacerlo pasar frío, golpes de puño en la panza que le provocaban vómitos continuos, golpes en la casa que le provocaron lesiones visibles», enumeró Ramón, sobre el maltrato que recibió su nieto antes del crimen. La autopsia determinó que también fue abusado sexualmente.
Además, explicó que le prohibían al nene hablar de lo que ocurría puertas adentro de su casa y, a su vez, le negaban la posibilidad de ir al jardín «para que no vieran las maestras sus lesiones y como forma de endilgarle castigo, ya que disfrutaba de ir «. «Demasiado cinismo que no entra en la cabeza del ser humano», enfatizó.
Por otra parte, Ramón hablo sobre el escaso vínculo que las acusadas del homicidio le permitían tener con el niño en el último año y medio, donde apenas lo vieron dos veces: «Solo estábamos habilitados para hablar con Lucio, después de que se hacía el depósito de dinero . Una vez que lo saludaba, volvíamos a intentar llamar y ya estábamos bloqueados nuevamente, no podíamos tener comunicación».
¿De qué trata la Ley Lucio Dupuy?
Tras el crimen ocurrido en La Pampa, a fines de noviembre de 2021, se impulsó el proyecto de ley de «Prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes» , también conocida como la «Ley Lucio» . La misma fue aprobada en la Cámara de Diputados , aunque todavía no fue tratada en el Senado.
Se trata de una capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional junto con el Poder Judicial deberán elaborar un protocolo de actuación para «unificar criterios» entre las fuerzas de seguridad y los organismos nacionales y provinciales, frente a hechos de violencia o maltrato infantil.
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